EUROPA PRESS 03-02-2010

Los afectados por los ruidos de la autovía y el metro en San Juan sopesan elevar el conflicto a los tribunales

Foto: Archivo

   SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
   La plataforma ciudadana creada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en torno a los ruidos provocados por el metro y la autovía A-8057 en la vaguada que separa la barriada de Virgen del Rocío y la urbanización Cornisa Azul ha analizado hoy con los técnicos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz las gestiones realizadas a partir de sus quejas, aunque el colectivo cree que la ausencia de soluciones a corto plazo podría desencadenar posibles acciones judiciales.
   Uno de los portavoces del colectivo señaló a Europa Press que los técnicos del departamento que dirige José Chamizo expusieron que desde la Oficina, a petición de la plataforma ciudadana, se ha instado a la Consejería de Medio Ambiente a realizar nuevas mediciones en cuanto a los decibelios que soporta esta zona.
   De la misma forma, el Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado la documentación referida a las mediciones efectuadas por Ferrocarriles de Andalucía, si bien el departamento de Rosa Aguilar sólo ha remitido a Chamizo "documentación informativa relativa a las medidas propuestas", pero no los valores de las últimas mediciones aludidas por el representante de la Junta de Andalucía en la sociedad Metro de Sevilla, Rafael Candau, quien aseguraba el pasado 7 de febrero que los rudos del metropolitano no superaban los límites permitidos.
   No obstante, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reclamará otros documentos, tales como proyectos, informes de impacto medioambiental o mapas de ruidos relacionados con ambas infraestructuras; la autovía y el metro.
   Si  embargo, aunque la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha anunciado la instalación de nuevas pantallas 'fonoabsorbentes' en la urbanización Cornisa Azul, el instituto de enseñanza secundaria (IES) Severo Ochoa e incluso los bloques de viviendas de Montelar, el colectivo de vecinos afectados entiende que no hay soluciones a corto o medio plazo, por lo que sopesan la posibilidad de elevar alguno de los aspectos del conflicto a la vía judicial, extremo que podría definirse en las próximas semanas.

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